Nacimiento y evolución del Derecho Romano
El desarrollo del derecho en Roma tuvo cuatro fases principales: desde un primer derecho ritualista a uno civil que fundamenta el actual.
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Primera fase
En la primera fase se instaura el derecho ritualista heredado de la tradición etrusca y fundamentado en una religión adivinatoria que obligaba a los hombres a asumir ciertos compromisos con el panteón religioso romano. Los representantes de este tipo de judicatura eran sacerdotes, los augures, que componían una especie de colegiado responsable de realizar estas prácticas ritualistas y poder establecer la ley y el orden en los conflictos civiles que se producían entre la población.
Algunos ejemplos de estos conflictos que se solucionaban en aquellos rituales legales eran la compraventa de propiedades, de esclavos, animales o incluso bienes de todo tipo. Para dar comienzo a este tipo de audiencia se utilizaba una ceremonia solemne a la que llamaban mancipatio o la in iure cessio (cesión ante el magistrado). En el desarrollo de las sesiones, los augures eran los encargados de dar validez a negocios, solucionar querellas entre ciudadanos e imponer penas, siempre bajo el amparo de la ley divina.
Segunda fase
La aplicación del derecho ritualista empezó a decaer a mediados del siglo V a.C., iniciándose una segunda fase ya en periodo republicano: la República Romana había sustituido a la monarquía en el 510 a.C.
Este cambio en la aplicación del Derecho Romano se cimentó en una serie de visitas de embajadores romanos a Grecia. Especialmente en la Atenas democrática existía un nuevo modelo judicial basado en la redacción de las XII Tablas que formulaba por escrito y hacía público las normas jurídicas que debían regular la vida de los ciudadanos romanos. A su vez, esta forma de legislar estaba influenciada en las Leyes de Solón impresas en axones y visibles a cualquier ciudadano ateniense.
Esta evolución del Derecho Romano contó con varios cambios como la constitución de una comisión de diez ciudadanos con capacidades especiales para legislar, dejando en segundo plano a los augures en la elaboración de los textos jurídicos y los usos y costumbres anteriores. Pese a esto, la irrupción de las XII tablas no desvinculó totalmente el derecho de la adivinación y la religión. De hecho, los principales representantes jurídicos, ahora «pontífices», se convirtieron en representantes espirituales de la población en base a una judicatura que tomó como razonamiento jurídico verdadero los certa verba. Es decir, las palabras rituales o letra sagrada que no admitían interpretaciones. Esto convirtió al incipiente derecho republicano romano en un ius strictum o el derecho al pie de la letra.
Tercera fase
La tercera fase en la evolución del derecho romano se produjo por la propia ampliación de los dominios de Roma en época republicana, lo que produjo cambios en el campo del derecho y la jurisprudencia.
Ya en el siglo II a.C., con la creación de provincias dominadas por el incipiente Imperio Romano, se crearon algo así como jueces para estos territorios: los praetor peregrinus, que tenían la capacidad de administrar la justicia de forma más flexible de lo que lo hacían en la propia Roma.
Esta nueva forma de derecho contó con diversas modificaciones siendo la más importante la aplicación de la lex Aebutia para el praetor urbanus, un representante jurídico en los contenciosos civiles. Esta ley también podía ser utilizada por los propios ciudadanos para interponer querellas y solicitar justicia. Pero lo más importante de esta modificación fue el avance en la separación entre derecho romano ritualista y uno más civil donde el praetor se encargaba de la instrucción de los casos, escuchar a ambas partes y elaborar un informe con la información necesaria para que un magistrado decidiera si absolver o condenar.
A esta nueva práctica jurídica se la conocía como ius honorarium, ya que la autoridad de decidir sobre una sentencia procedía de un representante político (y no religioso) de Roma, un praetor o magistrado miembro de la nobilitias y del honos (magistratura) al que el gobierno central de Roma le otorgaba, aún, el calificativo de pontifice. Este magistrado solía ser, en principio, el propio gobernador de la provincia que trabajaba en los casos con la ayuda de otros praetores. Aunque esto no significa, todavía, que se hubiera conformado un cuerpo oficial de jueces, los magistrados encargados de juzgar tenían una formación adecuada para el caso.
Cuarta fase
La consolidación de lo grecolatino debido a la invasión de Grecia por parte de Roma en el siglo II a.C. provocó una última renovación importante en el mundo del derecho. En el año 156 a.C., una embajada de filósofos griegos estoicos y escépticos -las dos tendencias mayoritarias en la Grecia de entonces- aportaron todo una verdadera ciencia laica del derecho basada en la lógica y la inducción filosófica que podía ser aplicada a la realidad cotidiana de los romanos. En base a esta influencia, Roma acabó creando un concepto de justicia cívico al que llamó aequitas y basado en las teorías sobre la justicia de los filósofos aplicadas al derecho. Es decir, la filosofía moral va a fundamentar las leyes jurídicas que se liberan de la ley al pie de la letra bajo el amparo divino.
Roma abandonó así su libro sagrado para crear un cuerpo de leyes que permitía la interpretación de los hechos bajo la luz de la razón. A raíz de esto se creó el concepto bona fides (“intención honesta”) que permitía al magistrado salirse de la ley al pie de la letra para analizar los casos con otra visión más flexible y con ello trazar el camino para un derecho moderno que ha fundamentado el actual derecho occidental.
Fuentes:
RAQUEL LÓPEZ MELERO, Breve Historia del Mundo Antiguo, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2010.
