Dolor latente

Simon de beauvoir“La mujer no es nada más que lo que el hombre decide que sea; así se le llama “el segundo sexo” queriendo decir con ello que aparece esencialmente ante el hombre como un ser sexuado: para él, ella es sexo, y lo es de un modo absoluto. Se determina y se diferencia en relación al hombre y no en relación a lo que ella misma es; ella es lo inesencial frente a lo esencial. él es el sujeto, el absoluto: ella es “lo otro”., Simone de Beauvoir

Roque Dalton“Cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política puede comenzar a dejar de ser mujer en si, para convertirse en mujer para sí, constituir a la mujer en mujer a partir de la humanidad y no de su sexo .”, Roque Dalton

 

A través de los siglos, la mujer ha estado sometida a discriminación, violencia física, psicológica y sexual, ha visto como se quebrantan sus derechos económicos y políticos, ha sido víctima de sanguinarias persecuciones en tiempos de paz, agudizándose en tiempos de guerra, lo mismo quemada en una plaza pública acusada de “bruja” que golpeada en la cocina de su domicilio acusada de ser “pésima ama de casa”.

Una de las principales, cotidianas y más antiguas violaciones a los derechos humanos son cometidas en contra de las mujeres, por el sólo hecho de serlo.

Muchas han sido las justificaciones que el sistema patriarcal ha buscado para el ejercicio de la dominación de la mujer por el hombre, desde la antigüedad incluso filósofos a quienes aun hoy se estudia con fervor en las universidades, han brindado sus aportes al respecto: Aristóteles planteaba que la mujer no podía tener juicio ni criterio propios, textualmente, “la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades”. Pitágoras a su vez planteó: “Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer”.

El filósofo y teólogo francés Erasmo de Rotterdam decía que “la mujer, reconozcámoslo, es un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso”.

Santo Tomás definió a la mujer como un ser sin sustancia propia, textualmente, “El padre debe ser más amado que la madre, pues él es el principio activo de la procreación, mientras que la madre es tan solo el principio pasivo”.

Al contrario de estas afirmaciones, en 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó uno de los más grandes aportes teóricos en la lucha contra el sistema patriarcal: “El segundo sexo”. El ensayo examina la condición social de la mujer desde el punto de vista biológico, psicoanalítico y materialista. Analizando en cada una de sus partes las características de la opresión de la mujer por el hombre.

La tesis general consistió en que el estereotipo de la mujer era una construcción cultural. “No se nace mujer, se llega a serlo”, afirma Beauvoir, puesto que las características con las que se asocia a las mujeres (debilidad, sumisión, frivolidad, etc.) son una asignación social de roles sexistas.

De la misma forma en que a un hombre se le educa para que base su autoestima en su capacidad de dominación sobre sí mismo y sobre su entorno, evitando expresar sentimientos y emociones que podrían mostrar signos de vulnerabilidad, afeminamiento u homosexualidad, a una mujer se le educa bajo el precepto de su infravaloración por el hecho de ser mujer.

Beauvoir afirma que al estar excluida de los procesos de producción y obligada a realizar exclusivamente labores domésticas y funciones reproductivas, la mujer era alienada y confinada a un segundo plano a entenderse no a partir de su condición de ser humana, sino a partir de convertirse en “el Otro”.

El hecho de que las mujeres se hayan insertado a las actividades productivas no significa su liberación, sino, por el contrario, un nuevo sometimiento, una nueva explotación; de la misma forma, se multiplican los ambientes agresivos hacia ella, pues sufren la violencia ejercida contra su género y la violencia que se generaliza en la sociedad de la que también son víctimas los hombres.

Beauvoir además de romper el mito de la “femeneidad”, devela la justificación ideológica de la violencia en contra de las mujeres, ésta, es un instrumento, un ejercicio de poder que intenta someterla en diversos aspectos de su vida (pensamiento, sentimientos, actos), es un mecanismo de dominación de la sociedad patriarcal.

De acuerdo con el Diccionario Ideológico Feminista el patriarcado “…consiste en el poder de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres -a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo- determinan cual es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometida al varón”.

En las sociedades capitalistas se han extendido y llevado a su máxima expresión los postulados misóginos. Desde la educación formal, la familia, la religión y el entorno social en general, se propagan estos conceptos como “naturales”, adoctrinando a niñas y niños, insertando los roles sexistas en su personalidad.

Así, no es difícil comprender por qué cuatro de cada diez latinoamericanas son víctimas de violencia, ante los ojos de sociedades que se han vuelto sordas y mudas al sufrimiento de la mujer. No podríamos esperar otra cosa cuando sus propias estructuras están protegidas por la violencia, no podemos esperar sino el silencio, en sociedades que están basadas en sistemas de dominación, de subordinación. Así, la mujer es víctima de la violencia estructural, de la desigualdad estructural. Es violentada por cuestiones de raza, de clase, de sexo.

El dato es dolorosamente contundente: cuarenta por ciento de las mujeres en América latina siguen sufriendo diversos tipos de violencia física, psicológica, económica o sexual, estás formas se encuentran interconectadas de manera compleja y diversa, y afectan a las mujeres desde antes de su nacimiento hasta que llegan al final de su vida, en muchos casos es la propia violencia quien decide el día de su muerte.

La violencia y sus formas

Un gran avance en la tipificación de las formas de violencia hacia las mujeres y la lucha contra ella, se encuentra en la Ley Orgánica de la República Bolivariana de Venezuela sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia , aparecido en la Gaceta Oficial de ese país, el 23 de abril de 2007, en ella se define esta como: La violencia contra las mujeres (.) comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado (art. 14).

Y se tipifican 19 formas de violencia, que por su importancia cito textualmente, a continuación las enumero tal como aparecen en el documento mencionado y que puede ser consultado en el sitio http://web.laoriental.com/leyes/L111n/L111nT0Cap1.htm:

  1. Violencia psicológica: Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.
  2. Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.
  3. Amenaza: Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.
  4. Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.
  5. Violencia doméstica: Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines.
  6. Violencia sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha.
  7. Acceso carnal violento: Es una forma de violencia sexual, en la cual el hombre mediante violencias o amenazas, constriñe a la cónyuge, concubina, persona con quien hace vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su clase, por alguna de estas vías.
  8. Prostitución forzada: Se entiende por prostitución forzada la acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer.
  9. Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual.
  10. Acoso sexual: Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.
  11. Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo.
  12. Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir.
  13. Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.
  14. Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.
  15. Violencia mediática: Se entiende por violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación.
  16. Violencia institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley para asegurarles una vida libre de violencia.
  17. Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.
  18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: Son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito.
  19. Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Luego de este texto que, reitero, es uno de los grandes avances en materia de derechos de la mujer en América Latina, comenzaremos con algunos datos sobre el estado actual de la situación de las mujeres en el continente.

Dentro de la violencia llamada “privada” se encuentra la violencia doméstica, matrimonios precoces y forzados, homicidios relacionados con la honra familiar (se asesina a la mujer para salvar el honor de la familia), abusos sexuales, entre otras formas. S egún datos de la Organización Mundial de la Salud, el 24% de las mujeres que viven en zonas rurales de Perú, declara que su primera relación sexual fue sin su consentimiento. A este dato habría que agregar los del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: cuatro de cada diez mujeres en ese país han sufrido violencia física por parte de su pareja, y nueve mujeres son asesinadas al mes por su esposo o pareja.

En Honduras el 33% de las mujeres declara haber sido violentada sexualmente por su pareja actual o ex pareja. Mientras que en una encuesta citada por la ONU se señala que en Colombia cada seis días una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja.

Según el área de Investigaciones de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en Argentina, en el 2008, fueron asesinadas 208 mujeres que, además, sufrieron violencia sexual. La misma asociación señala que hasta el 20 de junio de 2009 habían sido asesinadas 82 mujeres y niñas.

En Brasil, tan sólo en mayo de 2008 fueron asesinadas 33 mujeres en estado de Ceará, en el año anterior el número había sido de 116; todos con una característica común: fueron perpetrados en el interior de su casa. (Portal da Violencia Contra a Mulher)
La ONU afirma que el 50% de las mujeres jóvenes de Haití han sufrido agresiones sexuales o violación, una de cada tres de esas mujeres es menor de 13 años.

En Chile en 2008, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de la Mujer en Chile, se registraron 59 femicidios.
Existen diversos factores que hacen a la mujer vulnerable a esa violencia, entre ellos la dependencia económica y la falta de oportunidades educativas, que las obliga a someterse a las decisiones paternas y a permanecer en relación con un hombre, soportando violencia física, psicológica o sexual, por no tener modo de mantenerse a sí misma y, en su caso, a sus hijas e hijos.
Los indicadores de la CEPAL, citados en el documento “Ni una más”, de la Organización de las Naciones Unidas, muestran que un 32.6% de las mujeres que viven en zonas urbanas y un 34.1% de las mujeres que viven en zonas rurales de 15 años en adelante no cuentan con ingresos propios ni estudian, sus actividades se centran principalmente en la labor doméstica sin retribución. Cuando el rango de edad sube a los 25 años o más, este porcentaje también sube dramáticamente, llegando a superar el 70.3%.

Otro factor es el embarazo entre adolescentes y la mortalidad materna, las mujeres jóvenes no están recibiendo la información relativa a los métodos de planificación familiar. Aun cuando la tasa global de fecundidad bajó de 5.9 hijos entre 1950-1955 a 2.7 en el presente quinquenio, el aporte de la fecundidad de las adolescentes a pasado de un 8.5% en el mismo quinquenio a 14.3% en el de 2000-2005, según datos de la CEPAL-CELADE.

Lo mismo ocurre con el fenómeno evitable de la mortalidad materna. A pesar de los avances médicos, en América Latina y el Caribe la tasa sólo se ha reducido en 50 puntos desde 1990; otro dato: mientras que en Canadá el 100% de los partos es atendido por personal capacitado, en Guatemala esta cifra sólo llega al 31% y en Perú, la tercera parte de éstos no tienen esa atención. En todo Centroamérica mueren 118.9 madres por cada 100,000 nacidos vivos. En este rubro los mayores avances se encuentran en Bolivia, pues ha sobresalido como el país que más ha bajado el índice de mortalidad de las madres.

Como ya había señalado al principio del artículo, la inserción de la mujer en el sistema productivo, lejos de significar su liberación, le ha sumado explotaciones: dobles jornadas laborales.

Por el mismo trabajo, la mujer gana menos que el hombre, se encuentra concentrada en puestos secundarios, niveles inferiores de toma de decisiones, etcétera. No cuentan con seguridad social y existe discriminación hacia las mujeres embarazadas o lactantes.
Asimismo, las mujeres siguen sin tener igualdad frente a los hombres en los puestos de tomas de decisiones, por ejemplo, no constituyen más del 20% de los parlamentos y están subrepresentadas en los ministerios de las áreas política y económica. En este aspecto los grandes avances se encuentran en Cuba, pues supera a todos los países de Latinoamérica al tener al mayor número mujeres en puestos de toma de decisiones políticas y económicas.

Como hemos visto, la situación de desventaja de las mujeres frente al hombre es un producto histórico, un producto de la estructura económica, política y social. Al entenderlo desde ese punto de vista podemos comprender por qué la condena pública a la violencia sólo es en teoría y nunca llega a concretarse en acciones contundentes de los gobiernos que pongan fin a ésta. Se rechaza en público, pero se justifica en privado, se trivializan las denuncias, se le resta importancia en la realidad.

Si las mujeres denuncian o intentan salir de las relaciones violentas, son victimizadas nuevamente, se enfrentan a la incredulidad, al cuestionamiento y estigmatización social, y a la ineficacia e indiferencia de las instituciones supuestamente encargadas de impartir justicia. Sufren lo que ha sido llamado por los terapeutas “victimización secundaria”.

La trata

Aun cuando formalmente la esclavitud fue abolida en todo el mundo, existe un fenómeno de orden mundial que, practicando violencia de género, somete a miles de mujeres y niñas a esclavitud sexual -puesto que se calcula que más de la mitad de las víctimas son destinadas a este fin-: la trata.

De acuerdo con el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y niñez”, por trata de personas “se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud”.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señala que en México, alrededor de medio millón de niñas, niños, jóvenes y mujeres son víctimas de trata y que los principales rubros en los que son explotados y explotadas es en la prostitución y otras formas de explotación sexual, en trabajo doméstico, mendicidad, prácticas serviles y tráfico de órganos; hay que agregar que este país está convertido en origen, tránsito y destino.

La Organización de las Naciones Unidas informa que en todo el mundo, el 80% de las víctimas de este fenómeno son mujeres y niñas. Además se sabe que el 70% de las víctimas de estas redes trasnacionales provienen de Latinoamérica.

La misma organización afirma que el 40% del PIB que se produce en América Latina se produce por el narcotráfico y la trata. Lo anterior la ha convertido en una de las actividades delictivas más lucrativas.

La pobreza es una de las principales causas por las cuales las mujeres y niñas son “enganchadas” por estas redes criminales, que pueden utilizar desde la seducción mediante promesas de trabajo, hasta la amenaza y el secuestro. El fenómeno de la trata se ha feminizado por las condiciones estructurales de desigualdad, las condiciones materiales han hecho que se busque la migración como escapatoria a la pobreza y a la falta de empleo, cada vez un mayor número de mujeres emprenden las travesías y en ellas son víctimas de los enganchadores.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras: por obvias razones, tienen mayor peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al VIH-SIDA; como escape a su situación se sumergen en el alcoholismo y la drogadicción; la violencia física, psicológica y sexual que sufren les provocan profundas depresiones y tendencias suicidas.

La corrupción y la impunidad son la clave para entender el crecimiento del fenómeno y el amplio margen de acción con que cuentan las organizaciones dedicadas a ello.

El odio extremo: el feminicidio

Femicidio es un concepto homólogo al de homicidio, el primero se refiere al asesinato de una mujer, el segundo, al de un hombre. Se entiende por “femicidio íntimo” cuando el agresor estaba vinculado directamente con la víctima, en relaciones íntimas, familiares, o parecidas a estas o que las tuvo con anterioridad.

El “femicidio no íntimo”, se tipifica como aquel asesinato en donde la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, ni parecidas, ni las había tenido. Este tipo de crímenes generalmente están acompañados por agresión sexual.

El “femicidio por conexión” se entiende como aquel en el que la víctima es asesinada en “línea de fuego”, cuando ella no sería la víctima directa, sino otra mujer, y al intentar impedir el hecho fue agredida.

Un grave problema en América Latina es la aparición en las últimas décadas del fenómeno del feminicidio, entendido este, de acuerdo con Marcela Lagarde como: “el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar”.1

Este concepto se refiere al asesinato de mujeres como un producto social generalizado, cuya base se encuentra en la inequidad de género, como fruto de una sociedad en la que material e ideológicamente la mujer se encuentra sometida al dominio del hombre; en donde el fin último de la agresión es demostrar poder. Lo que caracteriza a este tipo de agresión es la saña, la extrema crueldad con la que se comenten, la violencia brutal a la que sometidas las víctimas: desmembramientos, quemaduras, ahorcamiento, violación sexual, mutilaciones, entre otras formas de tortura.

Guatemala

Datos ofrecidos por la directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y Acción, Ana Carcedo, señalan que entre 2003 y 2009, el número de femicidios en Centroamérica y República Dominicana casi se duplicaron, pasando de 1,006 asesinatos a 2,000 en sólo tres países. Asimismo, señaló a Guatemala como el país donde el índice de asesinatos de mujeres es mayor, llegando a contabilizarse 5,027 entre el 2000 y el 2009.

La edad de las víctimas está entre los 14 y 35 años, aunque también se han dado casos de niñas y bebés.
No se puede olvidar el contexto en el que se da el fenómeno, los conflictos armados en Centroamérica han dejado su marca de violencia en la sociedad, la guerra destruyó el tejido social de las comunidades.

La política contrainsurgente del Estado Guatemalteco tenía el objetivo de quebrar los valores culturales de las comunidades indígenas, así, la represión tuvo como base las prácticas discriminatorias y racistas, que llevaron a las fuerzas militares gubernamentales a cometer atrocidades en contra de quienes sospechaban “eran colaboradores de la guerrilla”. Ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, masacres, desplazamiento forzado de la población, entre otras formas de violencia extrema, fueron prácticas cotidianas.

De acuerdo con datos del Quinto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, las víctimas de la violencia durante el conflicto armado ocurrido entre los años 1962 y 1966 fueron más de doscientas mil, más del 80% de ellas eran mayas, por lo que quedan establecidos los términos para hablar de etnocidio.

Así, las mujeres en Guatemala se enfrentan a múltiples formas de discriminación, fueron, y siguen siendo, un sector vulnerable antes, durante y después de la guerra. La violencia extrema que hoy se presenta como feminicidio tiene su antecedente en el conflicto armado. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), la violencia contra la mujer “cobró carácter de política de Estado en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Contrainsurgencia durante el conflicto armado, en el cual se desarrollaron formas de violencia específicas contra las mujeres”.

La violación sexual fue una forma de tortura practicada antes o después del asesinato, el fin era destruir la dignidad humana y el tejido social, estas violaciones se practicaron incluso de forma masiva, múltiple y pública (frente a la comunidad o familiares de la víctima). La policía y el Ejército llevaron a cabo estas prácticas de manera sistemática, a las mujeres les eran mutilados los órganos sexuales, aparecían cuerpos de mujeres con signos de violación, mutilación, empalamiento, todo utilizado como guerra psicológica en contra de los sobrevivientes de las masacres, fue uno de los recursos de intimidación en contra de la población.

Una de cada cuatro víctimas del conflicto armado fueron mujeres de entre 18 a 35 años, cerca de 50,000, la violación sexual y la tortura fueron la característica de la mayoría, pues en el 99% de los casos de violación las agredidas fueron mujeres. La CEH ha establecido que el 89% de los casos de violencia sexual contra las mujeres es atribuible al Ejército, el 15% a las Patrullas de Autodefensa Civil, el 11.9% a comisionados militares y un 5.7% a las fuerzas de seguridad del Estado.

Las condiciones objetivas en que se da el fenómeno no es muy distinta a las que originaron el largo conflicto: el 57% de la población en Guatemala vive en pobreza, y el 21% en pobreza extrema. Más de la mitad de las tierras cultivables están en propiedad de sólo el 2% de los propietarios. Las campesinas son minifundistas y sólo el 26% de ellas laboran en tierra propia.

En Guatemala se siguen viviendo las consecuencias del horror vivido. El feminicidio no puede entenderse si no se analizan las bases materiales sobre las que se erige. La cruenta guerra no sólo alteró el tejido social y debilitó el poder comunitario, también dejó impregnada a la sociedad con la idea de identificar al poder con la violencia. La desigualdad y discriminación por clase, género y etnia son las condiciones que han sido caldo de cultivo para que se cometan, con toda impunidad, los crímenes en contra de las mujeres.
Durante el conflicto y pos-conflicto fueron surgiendo diversos poderes paralelos, las bandas paramilitares siguieron operando bajo la estimulación u omisión del Estado, estos grupos fueron cambiando hacia las actividades de narcotráfico, trata, etc., los niños y niñas que presenciaron la brutal represión de la guerra se constituyeron en violentas pandillas -algunas han sido vinculadas al Estado y sus aparatos represivos- empresas de seguridad privada que operan sin control, y el auge de las armas de fuego, son la herencia del conflicto.

Silvia Donoso López en su artículo “Feminicidio en Guatemala: las víctimas de la impunidad”, que puede ser consultado en: http://www.icev.cat/feminicidio%20guatemala.pdf , plantea que:

Desde las organizaciones de mujeres se apunta al carácter multicausal de las muertes violentas de mujeres pero que en la génesis de todas ellas está la violencia sistemática como mecanismo de poder de género, y la impunidad. Los crímenes de odio, constituirían una reacción violenta del patriarcado frente a los cambios operados en las dinámicas social y económica y en la ocupación de las mujeres de espacios tradicionalmente considerados masculinos. La creciente autonomía económica de las mujeres -resultado de su progresiva incorporación al trabajo fuera del hogar- es percibida como una usurpación del espacio público por las mujeres y el deterioro de las obligaciones propias de lo privado -cuidado de los hijos, del hogar- con la consiguiente desintegración familiar. Violencia intrafamiliar, maras, narcotráfico, crimen organizado, etc. el fin último de las muertes es transmitir terror.

Al igual que en los otros tipos de violencia contra las mujeres, existe una victimización secundaria de las víctimas y sus familiares. Ante la incapacidad del Estado para resolver y prevenir los asesinatos, se lleva a cabo una estrategia de descrédito y estigmatización, afirmando, por ejemplo, que las víctimas eran pandilleras, pretendiendo justificar así la brutal violencia que se ejerció contra ellas hasta llevarlas a la muerte.

Todavía no se puede establecer con certeza quién o quiénes son los autores de los femicidios, pero sí se puede asegurar que el Estado Guatemalteco tiene responsabilidad, por lo menos, por omisión, porque no está cumpliendo con su obligación de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos a la vida y la seguridad, y cuando ya se han presentado los ilícitos, tampoco asegura a las víctimas y sus familiares una investigación profunda y la sanción de los responsables materiales e intelectuales.

Ciudad Juárez, México

Otro caso significativo es el Ciudad Juárez, México. En las últimas dos décadas se han incrementado los asesinatos violentos de mujeres jóvenes y origen humilde en esa ciudad mexicana, generalmente son trabajadoras de las industrias maquiladoras base de la economía de la zona. Los cuerpos dan muestra de haber sufrido una brutal violencia sexual y otros tipos de tortura antes de ser abandonados en lotes baldíos.

Se suceden las desapariciones, que extienden el martirio hacia los familiares de las víctimas, pues las obligan a vivir en constante zozobra, sin saber el paradero de su familiar.

Aunque no es un fenómeno que exclusivamente se presente en Ciudad Juárez, el feminicidio en esa ciudad cobra tintes cada vez más trágicos: de 1993 a abril de este año, se han registrado más de 504 muertes y desapariciones, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las zonas fronterizas mexicanas se caracterizan porque el consumo y tráfico de drogas en una de las principales actividades económicas, al ser zonas de paso para llegar a Estados Unidos, existen innumerables bandas de traficantes de personas. Tanto los narcotraficantes como los traficantes de seres humanos han llegado a infiltrarse en diversos ámbitos del sistema judicial y político, consiguiendo con ello impunidad y márgenes amplios de acción. El 15 de octubre de 2000, la reportera Diana Washington, de El Paso Times, divulgó que en las actas de la PGR sobre el proceso al Cártel de Juárez, aparecía Francisco Javier Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua (1992-1998 Partido Acción Nacional), como protector del narco a cambio de fuertes cantidades de dinero, el artículo fue retomado por el escritor Sergio González Rodríguez en su libro “Huesos en el desierto”, en donde cita (pág. 202) el nombre del documento: PGR/UEDO No. 157/98.

Existen diversas hipótesis en cuanto a quiénes son los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de mujeres, algunas apuntan al narcotráfico, aseguran que los asesinatos son “mensajes” de hostigamiento para la policía o a otros grupos contrarios, que por ello es importante la posición de los cuerpos encontrados, el tipo de torturas que sufrieron las asesinadas, el lugar donde fueron encontradas, la causa final de la muerte, etcétera.

Otra señala a las empresas de videos snuff (videos sádicos donde se muestran actos de violencia reales), algunos más creen que las asesinadas son víctimas de grupos satánicos que las utilizan en sus rituales.

Todavía no existen elementos para probar una u otra hipótesis, lo cierto es que en todos los casos se presentan características comunes: la impunidad, la estigmatización de las víctimas y la criminalización de sus familiares y organizaciones de derechos humanos, la omisión, indiferencia e incapacidad de las autoridades para dar una respuesta a las interrogantes y hacer justicia.
Las muertes ocurren ante la negligencia del Estado Mexicano que premia a los funcionarios incompetentes con nuevos puestos, por ejemplo, Arturo Chávez Chávez, señalado por las organizaciones de familiares de las víctimas y por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, porque durante su gestión como Procurador de Justicia de Chihuahua fue claro su desinterés y omisión para resolver los casos, fue ratificado hace unos meses por el Senado de la República como titular de la Procuraduría General de la República.

Lo mismo ocurrió con Francisco Javier Barrio Terrazas, presidente municipal de Juárez y luego Gobernador de Chihuahua postulado por el partido en el gobierno (Partido Acción Nacional). Este funcionario afirmó que los asesinatos de mujeres eran algo natural puesto que las víctimas “vestían de manera provocativa”. Este año, el gobierno de México lo ratificó como embajador en Canadá.
Ante esta falta de interés de las autoridades mexicanas, a todos los niveles, las organizaciones de derechos humanos y de familiares, llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde después de ser juzgado por tres femicidios, fue declarado culpable de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad de tres mujeres, responsabilizándolo de no adoptar medidas de protección para las mujeres que presentan denuncias desde 1993.

Así ante ese organismo internacional, el Estado Mexicano es responsable por la desaparición de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura B. Ramos, que fueron asesinadas y abandonaron sus cuerpos en el predio Campo Algodonero, previo a ello, fueron torturadas y abusadas sexualmente.

Entre las sanciones, se exige al gobierno mexicano que investigue a los funcionarios acusados de omisiones o irregularidades y que aplique las sanciones correspondientes.

Los pasos que faltan por caminar

Como hemos señalado a lo largo del artículo presente, la violencia en contra de las mujeres es estructural y constituye una violación a los derechos humanos. La violencia es una manifestación de la jerarquía social en donde el hombre es beneficiado por encima de la mujer, y para mantenerla en esa posición subordinada utiliza diversos mecanismos de agresión.

Ese orden jerárquico es producto de procesos culturales que se encuentran arraigados en las sociedades, ese precepto de superioridad del hombre frente a la mujer, esa subvalorización -asimilada por el hombre, incluso por un gran número de mujeres- es lo que ideológicamente justifica la discriminación, exclusión y violencia sistemática, tanto privada como pública.

En este contexto cobran especial importancia las organizaciones de mujeres que denuncian, se oponen, luchan en contra de esas concepciones en todas las esferas de la sociedad, desde hace décadas han llevado a cabo una tenaz resistencia en todos los rincones del continente, los avances que se han tenido en las leyes de muchos países son producto del esfuerzo de esas organizaciones, de los organismos de derechos humanos y de otras que, aun cuando están formadas también por hombres, se han sumado a la lucha en contra de la violencia de género.

Víctimas de racismo, pobreza, discriminación, exclusión y sobreexplotación, para millones de latinoamericanas el 8 de marzo debe ser un día de lucha por la consagración de los derechos fundamentales como seres humanas.

Referencias

· Beauvoir, Simone, El Segundo sexo. Los hechos y los mitos , Buenos Aires, Siglo XXI, 1987.
· Donoso López, Silvia (2008) Femicidio en Guatemala: Las víctimas de la impunidad. Revista de Estudios de la Violencia. No. 4, marzo 2008.
· BDF (Banco de Datos sobre Femicidio, producido por Isis Internacional)
· ONU. “Ni una más”, Organización de las Naciones Unidas/CEPAL, octubre, 2009
· UNIFEM. “Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe español 1990-2000: Balance de una década”, Isis Internacional/Unifem, 2002.
· ONU. “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y niñez”, Organización de las Naciones Unidas, noviembre, 2000.
· URNG. “Feminicidio en Guatemala: crímenes contra la humanidad”, Congreso de la República, Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 2005.
http://www.congreso.gob.gt/uploadimg/documentos/n2365.pdf
· CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Guatemala: Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), 1999. (sin ISBN).
· PNUD. Derechos humanos, investigación criminal y género. Guatemala: Programa de
· Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2004 (sin ISBN)
· CIDH. “Quinto Informe sobre los derechos humanos en Guatemala”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2001.
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala01sp/indice.htm
· González Rodríguez, Sergio, Huesos en el desierto , Barcelona, Anagrama, 2005.
· ALOP. “La violencia hacia las mujeres en América Latina persiste”, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo A.C., 2009.

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