Violencia económica y patrimonial en las sociedades del bienestar
Revista iberoamericana sobre actualidad, cultura, ciencias, ecologa y Derechos Humanos.

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Violencia económica y patrimonial en las sociedades del bienestar

Homo Homini sacra res | 2013-06-17


Violencia económica¿Qué es una sociedad del bienestar?

Welfare State, término acuñado tras la Segunda Guerra Mundial como antitesis del Warfare State –Estado de Guerra– y que, entre otras cosas, define a un estado capaz de asegurar una serie de derechos a los ciudadanos como libertad política y económica, pleno empleo, reparto equitativo de los recursos y acceso a la justicia, educación, sanidad y vivienda para todos; más o menos, los planteamientos teóricos que promueven la mayoría de las constituciones y tratados democráticos actuales.



No obstante, dependiendo del país donde se ha aplicado este nuevo contrato social, la doctrina económica dominante ha sido el neoliberalismo y el capitalismo en unos casos, como en los países anglosajones, o el socialismo democrático en países mediterráneos como España, Italia o Francia, aun con alternancias de gobierno con partidos conservadores.

Además de todo lo dicho, en las sociedades o estados del bienestar, la ausencia de violencia es esencial, justamente para diferenciarse del Warfare Stat. Para ello son la ley y el estado de derecho los encargados de solucionar las disputas entre los ciudadanos y cuidar de que éstos no se vean bajo el jugo de ningún tipo de violencia.

Violencia económica y patrimonial

VIOLENCIA PATRIMONIAL .- Cualquier acto u omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. (1)

Sin duda alguna, de todas las formas de violencia posibles, la física es la más dañina para la integridad humana, ya sea en el ámbito familiar como en el entorno comunitario. No obstante, existen otros tipos de violencia presentes en las sociedades del bienestar que no están siendo atajadas de forma eficaz, ya sea por la falta de medios o por la propia apatía de los responsables de regular convivencia cívica. Este es el caso de la violencia económica y patrimonial que provoca además una violencia psicológica que puede llevar incluso a los afectados al suicidio.

Actualmente en España, esa violencia económica y patrimonial está siendo especialmente virulenta con las personas enfrentadas a una ejecución hipotecaria que puede llevarles al desahucio y que, en la mayoría de los casos, se deriva de la pérdida del empleo por causa de una crisis con responsabilidad en las superestructuras. El estado, garante del derecho a una vivienda digna y a mediar entre los actores sociales y económicos para que ese derecho no sea abolido, lo tiene cada vez más difícil si los profetas del capitalismo insisten en menguar cada vez más el estado. Recordemos el Artículo 47 de la Constitución Española:

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación . La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. (2)

En relación al suelo y a su especulación en los últimos años en España, poco hay que decir; se ha especulado hasta la irracionalidad sin que el estado haya intervenido o regulado para hacerlo de forma razonable, todo lo contrario. Y la razón principal de esto ha sido la presión que desde hace quince años los sectores neoliberales hacen sobre los poderes públicos, a los que prefieren lejos de intervenir en el devenir económico de un país, lo que al día de hoy, ha provocado que el poder público, a la hora de regular y frenar la violencia patrimonial, lo tenga mucho más difícil por haber perdido todo control sobre el negocio de la vivienda en España. Paradójicamente, tras el fiasco de la doctrina neoliberal en la gestión del suelo edificable, es el estado el que tiene que «intervenir» para intentar corregir los errores de las propuestas neoliberales.

Al capitalismo, que se responsabiliza del éxito económico cuando las cosas van bien y se lava las manos como Pilatos cuando nos vienen mal dadas, no le preocupa especialmente el bienestar de la humanidad, en ese caso sería un human-ismo. Su aversión a lo público, ha provocado que, aprovechando su posición de poder, haya presionado continuamente para reducir al estado al mínimo, lo que, en el caso de la vivienda, ha provocado el caos actual en España.

Por otro lado, los partidos políticos que han detentado el poder en los últimos 15 años, y que son los responsables de regular el acceso a la vivienda y la seguridad patrimonial de los ciudadanos, han cedido de tal forma que dar cobertura a personas con una ejecución hipotecaria o un desahucio les esté resultando extremadamente difícil.

Así, tenemos a los ciudadanos indignados que sufren la violencia económica y patrimonial entre dos bandos: uno, el capitalista, agresivo y preocupado fundamentalmente por el capital y toda la teología entorno a él, como es de esperar; y dos, al estado, reducido a mínimos en este terreno que se las ve para hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución Española y evitar la violencia económica y patrimonial aun vigente en el estado de bienestar.

Fuentes:

•  •  http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&fin=52&tipo=2